UNA CRÍTICA A FRANCISCO SANTOS Y SUS DECLARACIONES.
“cuando uno lee las declaraciones pareciera retroceder hasta el código de Hammurabi, o estar leyendo los escalofriantes castigos que se le imprimían a los reos en la época de los reyes en Francia o de la colonia en América Latina”
Con estupor registre las declaraciones hechas por el Vicepresidente de la República, el señor Francisco Santos, en el transcurso de esta semana al diario El Tiempo donde manifestó su idea de castigar a los violadores con la castración química, procedimiento que consiste en suministrarles a los delincuentes medicamentos para disminuir la producción de testosterona, la hormona que impulsa el deseo sexual y los lleva a atacar a sus víctimas.
Mi crítica a tan sonadas declaraciones, porque como lo que diga éste señor es noticia, así diga la cosa más superflua del mundo, la planteare desde la criminología y más específicamente desde sus objetivos principales los cuales son: la determinación de causas, tanto personales como sociales, del comportamiento delictivo y el desarrollo de principios válidos para el control social del delito.
Y antes de entrar en el análisis quiero advertir que aunque el señor Santos no tiene porque saber que es la criminología si debe saber como periodista que no puede seguir cometiendo el error de todo el gobierno nacional donde cada dependencia de éste sale a decir lo que le plasca y después le toca a el señor Uribe salir como mártir a decir que fue que se filtro una información y que esa propuesta no es válida.
Entrando en el tema que me compete quisiera comenzar diciendo que en Colombia la política criminal está en pañales, ya que somos un Estado represivo que no ataca las causas del delito sino que se limita a castigar a los crímenes que se logran judicializar y si agregamos a esta preocupante situación que uno de los señores encargados de la política criminal en Colombia mantiene haciéndose leer la mano, las cartas y el chocolate de un parasicólogo muy prestigioso, concluimos que estamos nulos en esta tan importante materia.
Pero lo que más asombra de la declaración es que primero, se sigue en la misma tónica de Estado represivo, en vez de realizar una política criminal averiguando las causas para que en nuestro país existan tantos violadores y atacando esas causas para que la judicialización sea solo una excepción. ¿No será que el violador antes que delincuente es un enfermo? O ¿no será también que fruto de la desintegración de la familia, la pobreza y las drogas se está aumentando la violación?
En segundo lugar cuando uno lee las declaraciones pareciera retroceder hasta el código de Hammurabi, o estar leyendo los escalofriantes castigos que se le imprimían a los reos en la época de los reyes en Francia o de la colonia en América Latina. Como es posible que vayamos a castrar a una persona atentando contra su integridad física y moral eso ya esta proscrito del derecho penal no podemos retroceder más por Dios.
Pero no faltarán los que dirán que en países civilizados Europeos como Francia e Italia existe este modo de castigo, pero como nos creemos inferiores y pensamos que todo lo que venga de USA o de Europa es la verdad entonces sigamos obedeciendo y adoptando los errores de los otros.
Por último quisiera agregar que para lo único que sirve este singular tratamiento es para realizar un millonario contrato con un laboratorio extranjero y que el gobierno cree otro impuesto para subsidiarlo, porque el violador sigue con su arma intacta y además la violación es uno de los tantos delitos que atenta contra la libertad sexual, ¿Donde está la solución a los actos sexuales abusivos y a la prostitución de menores que presentan también un alarmante aumento? Señor Santos le haría bien leer un poco a Becaria que es el más sencillo pero el más claro autor en relación con este tema y si don Álvaro le dice que no hay dinero en las arcas del Estado para comprar “De los delitos y las penas” no vaya a crear un nuevo impuesto, tranquilo que yo se lo presto.
Por: David Diaz Cano (daviddiazcano@hotmail.com)
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2 comentarios:
chevere, chevere.
chevere, chevere.
ya no quiero escribir.
Muy importante que se de a conocer, que estas propuestas que manfiestamente violan la dignidad humana, entre otros derechos, no son viables jurídicamente; pues a lo largo de la historia se ha venido luchando por la dignificación del hombre y por los derechos del mismo,se han librado importantes batallas para que el ser humano sea respetado por el sólo hecho de serlo aunque sea el más grande criminal, y que al respecto se han obtenido grandes logros como es el de contar con instrumentos nacionales e internacionales que ordenan tener como principio que ilumine cada actuación jurídica y las demás del estado, la dignidad del ser humano y sancionan a l estado y al individuo que actuen en contra de este postulado, el cual con el reconocimiento jurídico que se le ha dado, más que un postulado es un verdadero derecho de la persona, tal como lo consagran nuestra Constitución Politica, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el cual constituye uno de las grandes avances del mundo en materia de derechos humanos y que tiene tanta trascendencia que no acepta norma en contrario, lo que significa que cualquier norma que se haga violando esta Declaración se tendrá por no escrita y su único efecto es el de generar responsabilidades para la el estado que la haya creado.
Por ello una propuesta como ésta, que viola la dignidad humana,no sólo desconoce la lucha que por tantos años ha perseguido la humanidad por el reconocimiento de sus derechos sino que es imposible que tenga existencia jurídica, porque es violatoria de grandes instrumentos de derechos de derechos humanos, como los anteriormente señaldos, por ello en el hipotético caso que esta propuesta se convirtiera en ley, seguramente nuestra Corte Constitucional, la declararía de inconstitucional, cuyo efecto principal es impedir que esta sea aplicada, es decir, hace que desaparezca del mundo jurídico y en el evento en que así no fuera declarada por la Corte, Organismos internacionales, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenaria a Colombia que dejara sin efectos esta ley, además de imponerle graves sanciones politicas y económicas.
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